El presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, declaró a Servimedia que "probablemente ha llegado el momento de tener en cuenta estos nuevosdocumentos (pruebas audiovisuales y magnetofónicas)", que han de ser regulados de forma más detallada y concreta.

"Una nueva oportunidad para hacerlo sería la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", agregó Rodríguez Arribas, quien señaló que el hecho de que los jueces dicten sentencias opuestas sobre casos tan similares, provocando "una cierta perplejidad social", se debe a la independencia de cada tribunal, que tiene que resolver con arreglo a su conciencia y a sus conocimientos juríicos.

Rodríguez Arribas recordó que siempre queda la salida de los recursos judiciales para unificar criterios, para clarificar las leyes y para que la interpretación de la ley sea más sencilla y las dudas menores.

Por su parte, el portavoz de JPD, José Antonio Alonso, declaró a Servimedia que una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería recoger de forma detallada y adecuada las pruebas audiovisuales y magnetofónicas. Agregó que mientras llega ese momento, los jueces tienen quetratar de hacer que las situaciones marcadas por esta ley sean interpretradas con los parámetros que fija la Constitución.

"La Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy vieja, del siglo pasado. Los jueces y tribunales han venido haciendo un esfuerzo continuo en los últimos años, en materia de derechos fundamentales, para dar contenido a todo eso que no está regulado por vía de una interpretación constitucional de las situaciones", dijo. "Creo que una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debera incorporar la experiencia de todos estos años en la materia y regular adecuadamente este tipo de siutaciones".

Alonso declaró que, a su juicio y basándose en la Constitución, la grabación de pruebas audiovisuales debe llevarse a cabo siempre y cuando las autoridades competentes tengan sospechas fundadas de que en los lugares donde se van a colocar las cámaras se va a cometer un delito concreto.

JUECES INDEPENDIENTES Y SOBERANOS

Explicó que el hecho de que dos tribunales dicten sentencias opestas sobre casos similares se debe a que "los jueces en su función jurisdiccional son independientes y soberanos para valorar el material probatorio que se les presenta en un juicio", dando pie a conclusiones diferentes.

José Antonio Alonso, quien reconoció que sentencias como las de la Audiencia donostiarra provocan "inseguridad jurídica", señaló que lo que hay que hacer es unificar las doctrinas sobre la valoración de pruebas mediante un tribunal superior, ya sea el Tribunal Supremo o el Constitucinal, dependiendo de los casos.