En declaraciones a Servimedia, López Garrido explicó que desde el punto de vista político la colocación de vídeos en la vía pública puede ayudar a atajar el problema del vandalismo en determinados puntos del País Vasco.

A su juicio, lo importante escontar con un instrumento que permita la existencia de pruebas para perseguir a los instigadores de la violencia callejera, "que en realidad", apostilló, "sólo favorece los objetivos del entorno de ETA".

No obstante, López Garrido advirtió que la colocación de videocámaras en las calles debe ser una medida regulada por ley, "que se aplique caso por caso, dependiendo de la gravedad de los hechos, y no de forma indiscriminada".

"Hay que evitar que esta fórmula se convierta en una vía que facilite idiscriminadamente medios a los poderes públicos y que haga que el Estado democrático se convierta en un Estado policial", concluyó el catedrático de Derecho Constitucional.