Para Sáez, esta medida es "problemática", ya que se corre el peligro de que la vigilancia de las calles trascienda el ámbito del terrorismo y se pase a controlar otros espacios ajenos a éste. "Este tipo de medidas comienzan respondiendo a una problemática de terrorismo", explicó, "pero existe el peligro de que mañana vigilarlas calles sea algo normal y haya cámaras de vídeo en todas las ciudades de nuestro país".

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos considera que antes de adoptar una decisión política como ésta, debería hacerse una "reflexión profunda", además de recabar la opinión de la sociedad.

Sáez agregó que del mismo modo en que la Policía puede controlar a los ciudadanos mediante la instalación de cámaras de vídeo en la vía pública, éstos deberían controlar a su vez a las fuerzas de la ley.

"El peligro de dotar de mayores medios y capacidad de intervención a las fuerzas policiales es a la vez el peligro del descontrol, es decir, el peligro de que determinados poderes disciplinarios se extiendan y se difundan. Instalar cámaras en la calle es expandir el sistema penal, y esto choca contra el Estado de derecho", concluyó.