El estudio, que fue presentado hoy, ha analizado los contenidos y los canales de distribución de los videojuegos y señala, como los grandes retos a los que se enfrenta el mercado actual de estos productos en relación con la protección de la infancia, su naturaleza intolerante y discriminatoria, su falta de regulación en Internet y la separación por recomendaciones de edad en los puntos de venta.

El informe pone de relieve que, en términos generales, los videojuegos para consola y PC cumplen con el código de autorregulación creado por los fabricantes a nivel europeo, aunque se observan determinadas inadecuaciones entre la edad recomendada y el contenido de estos productos, en relación a aspectos como su grado de complejidad y su carácter violento.

Sin embargo, el estudio concluye que la situación es más preocupante en los videojuegos accesibles a través de Internet porque se da una falta de criterio en la clasificación de los productos, una mezcla en las mismas páginas web de ofertas para adultos y para todos los públicos y una facilidad de acceso de los menores a contenidos inadecuados para ellos.

Asimismo, el informe constata que no existen criterios claros para la ubicación en los puntos de venta de los videojuegos, primándose en ocasiones la clasificación por fabricante o por tema, en detrimento de una clara diferenciación de los productos por recomendación de edad.

Según el estudio, la publicidad de estos productos presenta también deficiencias, ya que en ocasiones se difunden spots de videojuegos para adultos en franjas de protección infantil o no quedan suficientemente destacadas las recomendaciones de edad.

Finalmente, en relación con los videojuegos para adultos, el informe destaca la necesidad de evitar los contenidos discriminatorios y que conculquen valores constitucionales, tal y como los propios fabricantes se comprometen a hacer en su código de autorregulación.

El Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, propuso una serie de acuerdos a todos los agentes sociales vinculados a los videojuegos para garantizar la protección de la infancia y reclamó un papel más activo en la clasificación y evaluación de estos productos por parte de la propia comisión de seguimiento del código de autorregulación.

Núñez Morgades reiteró la necesidad de revisar conjuntamente las recomendaciones de dicho código, así como de comprobar las pautas que siguen, si las tienen, los videojuegos que no están sometidos a estas medidas de autocontrol.

De igual manera, el Defensor del Menor considera imprescindible que los padres se impliquen y sepan qué videojuegos compran y a qué juegan, haciéndolo con ellos siempre que sea posible. En cualquier caso, Núñez Morgades pedirá una reunión conjunta con los agentes implicados en el mercado de los videojuegos para tomar decisiones en defensa de los derechos de la infancia.