En declaraciones a Servimedia, el presidente de la FEV, Alfredo García Iglesias, explicó que el problema para llegar a un acuerdo radica en que la ley de propiedad intelectual no determina la cuantía concreta que tienen que pagar los dueños de los videoclubes.

Los propietarios de los videoclubes no están de acuerdo con las arifas que quiere aplicar la SGAE: un 2 por ciento de la facturación bruta de estos negocios o, en su defecto, 17 pesetas al mes por cada copia de película puesta en alquiler.

"Estas tarifas nos parecen abusivas, porque, si tuviéramos que pagar esta cuotas, la mitad del sector tendría que cerrar. La ley nos obliga a pagar una cuota cada vez que alquilamos una película, pero no dice cuánto y aquí es donde está el problema", afirmó.

Según García Iglesias, lo más justo sería que las compañías distriuidoras de la películas repercutieran este pago en el origen; es decir, en el momento de la compra de la película.

La Federación Española de Videoclubes y la Sociedad General de Autores y Editores mantendrán en los próximos días nuevos contactos para intentar alcanzar un acuerdo sobre un asunto en el que llevan más de un año negociando.