En declaraciones a un grupo de periodistas, Fungairiño puntualizó que la Fiscalía se limitó a cumplir lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se recoge que la actuación de la justica debe "dar protección a los perjudicados", y en este sentido se iniciaron las diligencias.

Los hechos que motivaron la actuación de la Fiscalía se remontan a la semana pasada, cuando un testigo acudió a la Audiencia Nacional y pidió prestar declaración ante el juez que estaba de guardia, que en ese momento era Javier Gómez de Liaño, ante el cual compareció.

Tras las declaraciones, el pasado viernes la fiscalía emitió un informe sobre el caso, en el que indica que los delitos que se desprenden dela información facilitada por el testigo son los de asociación ilícita, chantaje y revelación de secretos, todos ellos referidos a supuestas actuaciones contra magistrados de la propia Audiencia Nacional y contra "una figura universitaria de carácter relevante en la vida pública española", según el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Servimedia.

En este sentido, el informe añade que no se deben rtrasar las actuaciones de la Fiscalía y que se proceda a tomar las medidas cautelares urgentes para evitr poner en peligro la intimidad de las personas citadas.

CONSPIRACION

Por ello, la Fiscalía decide esperar a que se apliquen las medidas cautelares para decidir si la cuestión es o no competencia de la Audiencia Nacional, pues "no se conoce todavía el exacto alcance de la conspiración en cuanto se refiere a un posible encubrimiento de actividades de terrorismo de Estado", y es en este caso en el que existiría la competencia de la Audiencia Nacional.

Tras la aplicación de las medidas cautelares,entre ellas el registro del despacho del abogado Enrique Rodríguez Menéndez, la Fiscalía emite un segundo informe, el lunes 25 de noviembre.

En el escrito reitera que los supuestos delitos son asociación ilícita, chantaje y revelación de secretos, pero que "estas figuras delictivas no están en algunos de los supuestos de actuación de la Audiencia Nacional, por lo que resulta procedente declinar la competencia en favor de los juzgados de Instrucción de Madrid que por turno corresponda".