Sordo se expresó de este modo al ser preguntado en una entrevista en Servimedia por la preocupación que existe en el sector social de la discapacidad por la reforma de los incentivos que prepara el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, el anteproyecto de Ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad deroga parte de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad.

Ello puede afectar a las empresas ordinarias, a unos 2.300 centros especiales de empleo, que tienen en plantilla a más de 98.000 personas con discapacidad y al Grupo Social ONCE, donde un 59% de los empleados tiene discapacidad.

“Estoy convencido de que habrá un acuerdo. Vamos a trabajar en ese terreno en las próximas semanas”, dijo el líder de CCOO, quien se mostró conocedor de la preocupación existente en las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

No obstante, Sordo explicó que, “en general, la política de incentivos a la contratación” ha dado resultados “muy limitados”, por lo que defendió que “solo hay que ceñirla a situaciones y colectivos donde esté muy justificado”, pues de lo contrario “acaba siendo un ahorro de costes empresariales”.

Por ello, insistió en que “solo se justifica” el sistema de incentivos en colectivos donde es “muy objetivable” que existan esas bonificaciones y exoneraciones.

En este sentido, cabe recordar que solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar tiene un empleo en España.