Así consta en el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que ahora será enviado a los órganos consultivos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, explicó, durante la rueda de prensa en La Moncloa posterior a la reunión del Gobierno, que con esta ley habrá un “antes y un después” en la lucha contra este fenómeno criminal, ya que ahora podrá ser combatido de una forma “mucho más eficaz”.

La futura norma hará frente a todas las formas de explotación de personas en situación de dominación o ausencia de libertad. Esto incluye la explotación sexual, laboral, la mendicidad obligada, la extracción de órganos o los matrimonios forzados.

DIFERENCIAS CON IGUALDAD

Durante su comparecencia en La Moncloa, Llop fue preguntada por dos aspectos del anteproyecto de Ley de Trata que habían generado diferencias con el Ministerio de Igualdad, en concreto el papel de los jueces y si las víctimas tendrían que denunciar a sus explotadores para conseguir permiso de residencia y de trabajo.

A este respecto, la ministra indicó que el anteproyecto prevé que “la víctima de trata puede ser acreditada a través de una sentencia firme, una resolución judicial en el ámbito penal”. Esto permitirá que se conceda “algún tipo de medida cautelar o de protección”.

Indicó que se ha seguido “un sistema de acreditación judicial similar al de las víctimas de violencia de género”. “Por lo tanto, no deja fuera en ningún caso la acreditación por parte de los integrantes del Poder Judicial en el ámbito penal”, afirmó la titular de Justicia.

Este asunto había sido un motivo de fricción con el departamento de Irene Montero, que quería que las entidades que trabajan con personas explotadas, como las mujeres prostituidas, pudieran acreditar también su situación con independencia de lo que dijeran los jueces.

LAS VÍCTIMAS EN EL CENTRO

Sobre las víctimas, Llop explicó que, en el proceso de elaboración de la norma, “en todo momento se han desvinculado las ayudas a las víctimas de trata desde de cualquier tipo de denuncia”, ya que los afectados por la explotación son el “germen” de este texto legal.

La ministra indicó que esto es algo que no se ha cambiado “a última hora”, en referencia a que Igualdad dijera este lunes que el anteproyecto era “insuficiente” por exigir a las víctimas que denunciaran a sus explotadores para darles amparo laboral y de residencia.

Al mismo tiempo, la responsable de Justicia indicó que la norma elaborada es “integral”, se centra en las víctimas y es fruto de un “consenso interdeparmental”. Explicó que en la elaboración del texto legal han participado de forma directa cuatro ministerios (Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión) y otros nueve han hecho aportaciones.