La AVT califica de "cómplices de la actividad etarra" a los abogados que actúan de intermediarios, "ya que sin su labor el objetivo de la extorsión no se cumpliría".

De la Hoz Uranga hizo efectivo el cobro de 190 millones de pesetas por el rescate de Gutiérrez Pérez, que quedó probado en la grabación de unas conversaciones telefónicas que el abogado mantuvo con los representantes de la familia del secuestrad.