Según la AVT, el periodista está acusado de colaborar con el aparato financiero de la banda terrorista ETA y le imputan haber encargado en 1990 a la sociedad Incresa distintos informes sore empresas a las que posteriormente extorsionaba ETA, con el objeto de financiar su organización.

Estos informes fueron intervenidos por la policía el pasado 1 de diciembre de 1993 en el domicilio social de Orain, empresa editora de "Egin", siempre según la versión de Víctimas del Terrorismo.

La organización de afectados por los atentados considera en su escrito de calificaciones que Pepe Rei "no colabora con banda armada alguna, sino que pertenece a ella".

Por ello pide para el acusado 12 ños de cárcel por un delito de pertenencia a banda armada, 10 años por cada delito de estragos en grado de consumación que se compruebe, así como 8 años por cada delito de estragos en grado de frustración. También piden una serie de indemnizaciones a los empresarios extorsionados en concepto de responsabilidad civil.