En concreto, el PNV quiere que la citada ley haga constar que "están expresamente comprendidos los supuestos de quienes padecieron actos violentos por parte de persona vinculadas a los poderes públicos o amparadas por ellos, que desde la perspectiva de los valores de un Estado de derecho no pueden ser considerados ni legales ni legítimos".

Según la proposición del PNV, el plazo para las solicitudes de las personas que se consideren beneficiarias sería de seis meses, y sus casos deberían ser cubiertos mediante un crédito extraordinario a los Presupuestos del Estado del 2001.