Uno de los puntos más importantes de dicha propuesta es que el Estado adelante las cantidades a las que son condenados los terroristas en concepto de responsabilidad civil y que reclame ese dinero a los responsables una vez que se encuentren en una situación económica solvente.

Esta petición se basa en el ejemplo de otos paises europeos donde, según esta organización, existe un "fondo de garantías juridicas" para atender a las víctimas de actos violentos.

Según la AVT, los pagos que los condenados en firme por actos violentos tendrían que efectuar ahora mismo en concepto de responsabilidad civil ascienden a 60.000 millones de pesetas.

La Asociación entiende que no es suficiente la compensación moral de que los terroristas sufran condena de cárcel y considera que al menos los que cumplen tercer grado penitenciaio pueden ser obligados a indemnizar a sus víctimas.

La AVT alega que los terroristas que disfrutan del tercer grado han de tener un trabajo remunerado para acceder a él, razón por la que ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que solicite el embargo del sueldo de trece ex presos de ETA, a fin de que paguen indemnizaciones a sus víctimas.

En su opinión, la política a seguir es la aplicada al ex preso Isidro Echave, autor del asesinato del general Juan Manuel Sánchez Ramos y el teniente oronel José Atonio Pérez Rodríguez, ocurrido en Madrid el 21 de julio de 19878, que paga de su sueldo de guarda forestal 22.000 pesetas mensuales a cada viuda.

Asimismo, consideran que la reinserción debería ser aplicada una vez que los presos terroristas hayan cumplido la totalidad de las penas, no cuando "ni siquiera han cumplido la décima parte", para no caer en un "mercadeo de condenas".