Estos primeros expedientes, a los que ha tenido acceso ervimedia, fueron solicitados al Gobierno por la diputada del PNV Margarita Uría.

De los 209 solicitudes denegadas hasta el momento, 5 de ellas corresponden a familiares de policías que durante su trabajo en en País Vasco sufrieron graves trastornos psicológicos que incluso les llevaron al suicidio.

Otros 12 policías y guardias civiles han pedido ser indemnizados por las presiones psicológicas sufridas en sus puestos de trabajo. Muchos de ellos solicitan ser considerados víctimas tras la desarticlación de algún "comando" terrorista y de la incautación de documentación en la que aparecían mencionados.

La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo recoge que recibirán indemnizaciones o compensaciones aquellas víctimas que ha fallecido, que tiene gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total o parcial y lesiones permanentes no invalidantes.

Sin embargo, 8 policías y guardias civiles habían solicitado acogerse a la ley, a pesar de haber sufrido sólo leiones temporales sin secuelas como consecuencia de atentados de ETA.

Otros de los expedientes solicitantes se refieren a personas que han sido retenidas por los etarras para robarles sus vehículos. Un total de 5 expedientes denegados solicitaban ser considerados víctimas por este motivo.

También 4 peticiones denegadas hacen referencia a las retenciones de las que fueron objeto otras tantas personas por parte de etarras para la consecución de un secuestro, alegando los consiguientes efectos psicolgicos.

PUERTO HURRACO

El Ministerio del Interior ha recibido un total de 10 expedientes, todos ellos denegados, relacionados con los sucesos acaecidos en Puerto Hurraco (Badajoz) en 1990. Los gravísimos enfrentamientos entre los componentes de dos familias acabaron con la vida de 9 personas y otras seis resultaron heridas de consideración.

El Gobierno ha entendido que no serán objeto de indemnización por no haber sido en ningún caso actos de terrorismo.

FRANCO

Otras 3 personas han tramitdo su expediente para ser considerados víctimas del terrorismo alegando haber sufrido privación de su libertad en cárceles durante el régimen de Franco. Los solicitantes argumentan que su estancia en prisión debe ser considerada como secuestro.

El Ministerio del Interior deniega estas tres peticiones por considerar que no hay una adecuada relación de causalidad entre el delito de terrorismo y el daño causado y que no se constata ni siquiera la efectiva existencia de una acción terrorista ni la interveción de banda o grupo armado.

Respecto al incendio del Hotel Corona de Aragón, cuyas víctimas han sido amparadas por esta ley, el Gobierno ha denegado 4 solicitudes por estar relacionadas con daños materiales o por razones de parentesco no recogidos por la norma.