"No creo que afecte en una medida excesiva la imagen de la Justicia", dijo Lobato, quien argumentó que "los ciudadanos ya han padecido las insuficiencias de la Administración de Justicia durante mucho tiempo". "El retraso congénito de la justicia no es algo que surja ahora como consecuencia de esta medida".

Aseguró que aunque sta medida de presión puesta en marcha por los jueces puede conllevar perjuicios, lo cierto es que la situación anterior en dichos juzgados "no era mucho mejor", porque aunque las causas se repartían, "el procedimiento judicial no se ponía en funcionamiento, o se tardaba mucho".

Lobato rechazó que esta medida de presión pueda ser interpretada como una "huelga de jueces", ya que la finalidad que se persigue no es una reivindicación económica, sino una mayor calidad de los servicios judiciales que se ofecen a los ciudadanos.

SOLUCIONES

A su juicio, para conseguir una mejor calidad judicial es necesaria la simplificación de los procedimientos, la informatización completa de la oficiana judicial, una reforma de ésta -que pasa por primar la productividad, ya que "no es razonable que a trabajos desiguales se paguen salarios iguales- y la creación de más juzgados.

En este sentido, señaló que el Ministerio de Justicia e Interior ha ofrecido la creación de cinco juzgados especializados, oferta sobrela que la Junta de Jueces se ha pronunciado favorablemente. "Previsiblemente, con la creación de estos cinco juzgados la medida se podría desconvocar", dijo Lobato, quien agregó que por el momento no está previsto poner fin a esta medida de presión.

El vicedecano de los juzgados de Madrid señaló que "los jueces son también trabajadores que soportan una carga de trabajo excesiva", ya que con los medios que tienen actualmente a su alcance no pueden atender la gran cantidad de demandas civiles que tienenpendientes.

Esta 'huelga' es fruto del acuerdo que adoptaron el pasado 1 de diciembre los 65 jueces de primera instancia de Madrid, que tramitan demandas civiles, cansados del colapso generalizado que sufren en sus juzgados. Esta medida de presión ha acumulado ya 3.400 causas sin atender.