El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, pide que Vicario sea condenado a 17 años de prisión y que se le prohíba regresar durante diez años, a contar desde su excarcelación definitiva, al lugar del delito o en el que residan la víctima y su familia.

Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado que Aldaya fue abordado, entre otros, por Vicario Setién, a las 21,00 horas del 8 de mayo de 1995, cuando se encontraba a 400 metros de su casa, ubicada en Fuenterrabía (Guipúzcoa) y a la que regresaba tras su jornada laboral.

Vicario Setién y otras dos personas salieron de un coche que estaba cruzado en la calzada y obligaron a Aldaya a subir al mismo, poniéndole una capucha y una inyección en el brazo.

Según la fiscalía, fue Vicario Setién quien llevó a cabo la liberación de Aldaya el 14 de abril de 1996, día en el que el empresario fue hallado en el Alto de Azcárate, en el término municipal de Elgoibar (Guipúzcoa).

El Ministerio Público sostiene también que fue Vicario Setién quien mantuvo retenido a Aldaya en un habitáculo cerrado de tres metros y medio de largo por uno de ancho y dos de alto, sin ventanas y con unas condiciones de vida infrahumanas.

El secuestro de Aldaya fue reivindicado por la banda terrorista ETA el 25 de mayo de 1995, a través de una llamada al diario "Egin".

Detenido el 8 de marzo de 2001 en Annonay (Francia), unas horas después del robo de 1.600 kilos de Titadine y 20.000 detonadores en la zona de Grenoble, Gregorio Vicario Setién fue entregado temporalmente por el país vecino a España el pasado 5 de abril.

DOS JUICIOS MÁS

El de hoy será un día completo para Vicario Setién en la Audiencia Nacional, donde antes de ser juzgado por este secuestro lo será por otras dos causas más.

Una de ellas se refiere a su presunta participación en la colocación de un coche-bomba en la estación de Sants, en Hospitalet de Llobregat, en octubre de 1993. El fiscal pide que sea condenado a 19 años de prisión.

En el otro juicio, Vicario Setién se enfrenta a una petición de 8 años de cárcel por su presunta participación en la colocación de un coche-bomba preparado para que estallara al paso de un vehículo policial, si bien el artefacto no llegó a explotar.