A juicio de Los Verdes, que ven "absurda" la explicación municipal de que esta medida reducirá un 10% el trafico, una medida efectiva sería la implantación "de forma inmediata" de una zona de peaje que abarque la zona delimitada por la glorieta de Atocha, Cuesta Moyano, Alfonso XIII, Puerta de Alcala, calle Alcala, Gran Via, Plaza de España, calle Bailen, calle Mayor, Puerta del Sol, plaza de Benavente y calle Atocha.

Según Los Verdes, se cobrarían 6 euros por circular en el interior de esta zona, excepto a residentes, taxis, transporte de mercancías y vehículos limpios, tal y como sucede en Londres.En su opinión, esta medida permitiría disminuir notablemente los índices de contaminación, ya que, además de reducir el trafico con destino al centro, rompería la utilización de la Castellana como un eje de distribución hacia otras zonas y de transito de coches que atraviesan Madrid.

Los Verdes recuerdan que en el eje de la Castellana se concentra la mayor contaminación de la ciudad, encontrándose en esta zona cinco de las diez estaciones de vigilancia que más días superaron los 50 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión. Aseguran que en casi todas estas estaciones se superaron esos limites durante más de tres meses.

Pero, Los Verdes creen que este peaje no puede implantarse de forma aislada, sino que tiene que formar parte de un Plan de Mejora del Aire que implique un mayor esfuerzo en el fomento del transporte público de superficie, mucho más barato que el subterráneo, aumentando la inversión en autobuses de hidrogeno y tranvías.

También piden un carril exclusivo para autobuses y taxis en todas las calles con dos o más carriles en la misma dirección; convertir de verdad la M-30 en una vía urbana, reduciendo los carriles e implantando semáforos y rotondas, y más aparcamientos disuasorios, entre otras medidas.

Además, Los Verdes reclaman otro modelo de urbanismo para reducir la contaminación y critican el puesto en marcha por el PP, "que va ocupando el territorio siguiendo los intereses de las empresas constructoras". En su opinión, es necesario un modelo de intervención pública del territorio que diseñe un "crecimiento tranquilo" de la región, en coordinación con las comunidades autónomas limítrofes.