El comunicado está firmado por Joaquín Leguina, Eduardo Sotillos, Juan Barranco, Ana Tutor, Asenio López Huerta, Julen Elgorriaga, José Luis Martín Palacín y Marcos Peña, entre otros.

Los firmantes aseguran que la puesta en libertad de Vera "pone fin a una situación innecesaria y vejatoria, de prisión preventiva, difícilmente entendible para la opinión pública española".

Asimismo, expresan "la necesidad de que se finalice con la mayor rapidez posible la instrucción de este sumario (el del caso GAL) para que pueda celebrarse el juicio público que permita esclarecer definitivamente todos ls hechos imputados".

A su juicio, "la larga trayectoria pública de Rafael Vera, al servicio del Estado y de España, en defensa de la Constitución, de las libertades individuales, de la seguridad de los ciudadanos y de lucha contra el terrorismo de cualquier tipo y signo son garantías suficientes que avalan un comportamiento de buena ciudadanía, desde la profundidad de sus convicciones democráticas".