Según este organismo, durante 2005 las exportaciones de estos productos alcanzaron los 9 millones de euros, mientras que la venta de las falsificaciones rondan los 18 millones.

Las zonas en las que se han detectado más fraudes son Latinoamérica y sur de Estados Unidos, principalmente Argentina, Venezuela, México, Puerto Rico y Miami (EEUU).

El Consejo Regulador pide ahora la intervención de la Comisión Europea, que en mayo de 2002 se comprometió a conceder el apoyo político necesario para mantener la protección de la Indicación Geográfica Protegida, "no sólo en el territorio de la Unión Europea, sino en el resto de mercados internacionales".