Rojas idicó que la federación está "completamente de acuerdo" con la creación de nuevos mercadillos, una necesidad que vienen reivindicando, pero, en su opinión, es incomprensible que se hagan para un colectivo determinado como los gitanos.

Consideró que eso significaría un discriminación total respecto al resto de los vendedores y provocaría que "nosotros aplicásemos también el racismo del que nos acusan", por lo que se opondrán a esta medida, llegando incluso hasta los tribunales.

"Hoy, cualquiera quese plantee tratar la discriminación a través de la venta ambulante, es que no tiene ni idea de lo que es ese tipo de comercio, ya que tiene un nivel y una categoría que no le permite recoger a todos los marginados, porque no van a poder ni tener mercancías, ni pagar las tasas, ni darse de alta en Autónomos, ni siquiera pagar las tasas municipales", explicó Rojas.

Indicó que en la actualidad, si se creasen mercadillos, la mayoría de los beneficiarios de las nuevas plazas serían los gitanos, ya que el 4 por ciento de los vendedores ambulantes legales de la región son de esa étnia, explicó.

Además, aseguró que la federación tiene previsto abrir cuatro nuevos mercadillos, de los que el 70 por ciento de las solicitudes para obtener una plaza son de gitanos.

"Pero de eso a crearlos exclusivamente para ese colectivo no tiene ningún sentido, porque no podrían mantenerlos. Eso no se va a poder hacer sin contar con nosotros", reiteró.

HUELGA GENERAL

Rojas afirmó que la creación de nuevos mercadilos para la población marginada está en contradicción con la subida de la presión fiscal municipal que afecta a este sector, "ya que si nosotros, que somos profesionales, casi no podemos pagar las nuevas tasas, los más marginados no podrán hacerlo".

El secretario de la federación de Vendedores Ambulantes anunció que este colectivo, formado por unos 4.500 profesionales, realizará el próximo día 25 una huelga general para protestar por esa subida impositiva por lo que los 22 mercadillos de la ciudad peranecerán cerrados.

Además, los vendedores acudirán al Ayuntamiento de Madrid para presentar un recurso contra esa subida fiscal, como un gesto simbólico, que presentarán en el registro de la Casa de la Villa.

Rojas acusó al Ayuntamiento de la capital de querer erradicar este tipo de comercio con la subida del Impuesto de Actividades Económicas en un 425 por ciento, y con la subida del 68,25 por ciento de las tasas sobre los mercadillos, lo que también está en contradicción con esa medida.

Roas indicó que con las nuevas tasas que entrarán en vigor a partir de 1992, el precio por un plaza en un mercadillo pasará a costar de las 23.000 pesetas actuales a más de 40.000 pesetas. Asimismo, por el Impuesto de Actividades Económicas, los vendedores tendrán que pagar al Ayuntamiento unas 72.000 pesetas, frente a las 15.000 pesetas que pagan en la actualidad.

A su juicio, ese aumento de la presión fiscal significa un agravio comparativo con los supermercados, "ya que, por una superficie de 5.000 mtros cuadrados, pagan 425.000 pesetas anuales, mientras que el comercio ambulante paga más de 58 millones al año", concluyó.