El informe, presentado hoy en el Senado por una de las autoras del libro, la italiana Elisabetta Zamparutti; el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, y el diputado de CiU Jordi Xuclá, constata que casi el 90% de las ejecuciones se realizaron en China, país en el que los datos oficiales reconocen 5.000 ejecuciones.

A China le siguen Irán, con 197 presos a los que se les aplicó la pena máxima, y Vietnam, con al menos 82 ejecuciones el año pasado.

En Estados Unidos se cifran en 59 las ejecuciones en los estados en los que aún está vigente la pena de muerte. En India, en donde también continúa siendo legal la pena máxima, se ejecutó a una persona en 2004.

Durante la presentación del informe, Javier Rojo destacó que España es un país "decididamente abolicionista", incluso antes de la Constitución de 1978.

SINRAZON

Rojo aprovechó para arremeter contra la "sinrazón" del terrorismo, en un país donde, dijo, se ha sufrido mucho por esta lacra, pero agregó: "De la sinrazón del terrorismo hemos aprendido a resistir, a combatirlo, y hemos demostrado que no somos como ellos".

"Con las leyes, la democracia y el respeto a los derechos humanos,..., es como más fuertes somos contra el terrorismo", manifestó, para manifestar a continuación que hay que conseguir la total abolición de la pena de muerte en el mundo, ya que "no es presentable" que continúe habiendo "ejecuciones legales".

Por su parte, el diputado catalán Jordi Xuclá, destacado activista en contra de la pena máxima, instó al Gobierno español a que siga trabajando activamente en todos los frentes, principalmente en Naciones Unidas, para avanzar hacia la abolición total de la pena capital.

Ante la incapacidad de Europa de "adoptar una posición común" sobre esta causa, Xuclá, al igual que la autora del informe, reclamó la creación de una coalición de países abolicionistas, que incluya estados representativos de todos los continentes, no sólo europeos y occidentales.