Entre los colectivos firmantes iguran los sindicatos UGT, CCOO y STES, la confederación de asociaciones de padres de alumnos CEAPA y las ONG Paz y Cooperación y Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. También están las federaciones de Mujeres Progresistas, de Gays y Lesbianas y de Mujeres Separadas y Divorciadas, y la Fundación Fernando de los Ríos.

El escrito declara la voluntad de las organizaciones que lo suscriben de "extender a toda la sociedad española un impulso de los valores del laicismo".

Para ello, se comprmeten a emprender acciones para lograr la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, especialmente los referidos a enseñanza, y su sustitución en su caso por acuerdos de cooperación con la Iglesia católica y el resto de confesiones "en condiciones de igualdad".

El manifiesto también habla de la necesidad de "garantizar legalmente la libertad de conciencia y religión, y aplicar la aconfesionalidad del Estado". Para ello, ven preciso promulgar un "Estatuto de Laicidad", que "garantice la neutralidad idológica y religiosa en el funcionamiento de las instituciones públicas", incluidas las concertadas que dependan de las Administraciones.

Respecto a la enseñanza de Religión, el documento aboga por que esta asignatura salga de la escuela pública y reivindica la introducción en el currículum de Primaria de una educación "ético-cívica común y obligatoria para todos los alumnos como medio para garantizar un adecuado conocimiento y una práctica real de los valores y normas morales propios de las sociedadesdemocráticas".

El último punto del manifiesto reivindica la supresión de la disposición adicional segunda del proyecto de Ley de Calidad de la Educación que establece la nueva área común de Sociedad, Cultura y Religión con dos versiones, una confesional y otra aconfesional.