Taguas, ex director de la Oficina Económica de La Moncloa, sustituyó al fallecido Enrique Aldama como presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan.

El PSOE consiguió en la Diputación Permanente del Congreso el apoyo del BNG, PNV y CiU, que consideraron que no se trata de un tema urgente y que puede esperar al periodo ordinario de sesiones, para rechazar la propuesta del PP de que compareciera de la Vega y la de ICV para que lo hiciera Salgado.

El diputado popular Andrés Ayala defendió que si ya fue "preocupante" la actuación al frente de la Oficina Económica del Gobierno del actual ministro Miguel Sebastián, la de sus sucesores "parece más sórdida".

Ayala hizo suyas las palabras del presidente del Congreso, José Bono, de que "ante hechos no valen razones" ,para señalar que está acreditado que Taguas propició la entrada de Enel en Endesa y que intervino en la salida Sacyr Vallehermoso de la constructora francesa Eiffage, entre otras operaciones.

Según el diputado del PP, "ahora conocemos de muy buena fuente" que la Oficina "urdió una estrategia" para evitar que se conociera la mala situación del sector de la construcción "antes de las elecciones" para que el Gobierno "pudiera seguir manteniendo que no había crisis".

El portavoz del PP en este debate señaló que luego el Gobierno no ha podido pagar sus promesas, y se refirió al caso de la inmobiliaria Martinsa Fadesa.

Ayala indicó que la actuación de la Oficina Económica "no es escrupulosa con la legalidad", que realiza "maniobras dudosas", y agregó que parece "no sólo" el Gobierno "protege estas prácticas si no que las premia".

Por su parte, el diputado de IU-ICV Joan Herrera defendió su solicitud de comparecencia porque aseguró que, con el fichaje de Taguas por Seopan, "hemos sabido que seguramente se le pagaron los favores prestados" a distintas empresas.

Taguas "tuvo un intervención muy activa en la crisis de Martinsa-Fadesa", pues medió en la negociación de la deuda con bancos y cajas, dijo Herrera.

Para el diputado, Seopan fichó a Taguas "para ganar influencias". Además, lamentó que "hasta el momento la actitud del Gobierno no ha sido transparente" y pidió un "cambio de actitud en un tema tan relevante como el de las incompatibilidades".

POSICIÓN EN CONTRA

Por parte del PSOE, María Virtudes Monteserín rechazó la comparecencia porque "el Gobierno ha dado todo tipo de explicaciones sobre la compatibilidad" de los cargos en distintas ocasiones en el Congreso.

Según Monteserín, en este asunto la "actuación" del Gobierno ha sido "responsable", y lo volverá a explicar en el periodo de sesiones "tantas veces sea necesario" porque "no tiene nada que ocultar", aunque indicó "no hay nada nuevo".

Para la diputada socialista, el Gobierno tiene la "obligación de interesarse por las empresas", porque "no puede cerrar los ojos y mirar hacia otra lado". El Ejecutivo, señaló, debe analizar y proponer soluciones en la medida de sus posibilidades.

Sobre el caso de Martinsa-Fadesa comentó que "no pudo ser", ya que el Gobierno "no puede arreglar determinados desaguisados empresariales", y que se trata de una sociedad "ha estado mal gestionado".

Los socialistas dijeron a los miembros del PP que "a demagogia no hay quien les gane", y les pidieron que antes de hablar analicen bien sus actuaciones.

Desde el PNV, Emilio Olabarría señaló que "sin negar la verosimilitud de las informaciones" y que es un asunto que "resulta preocupante", no es "urgente" que comparezcan miembros del Gobierno ahora. "Se puede esperar al periodo de sesiones", dijo Olabarría, tras dejar claro que "siempre hemos tenido dudas sobre la adecuación" del nombramiento de Taguas a la ley.

El diputado de CiU Jordi Jané dijo que su grupo "no observa que existan razones de urgencias para la convocatoria de dos comisiones de urgencia", y apuntó que el Congreso no es quien debe ejercer los conflictos de interés, que hay que "dejar actuar a la Oficina de Conflictos de Intereses".