Durante su participación en un encuentro informativo organizado por Europa Press, Fernández de la Vega negó de plano que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, haya mentido a los ciudadanos sobre su actitud tras aquel atentado, como le acusa Mariano Rajoy.

Ese fue el primer atentado de ETA tras la última declaración de alto el fuego. Ese mismo día el presidente anunció la suspensión de los contactos y después dio por roto el proceso de diálogo.

Meses después, hace sólo unos días, el presidente explicó públicamente que, tras el atentado, instancias internacionales mantuvieron los intentos de diálogo, si bien precisaba que el Gobierno ya los había dado por concluidos.

Fernández de la Vega no quiso entrar en la explicación sobre el momento elegido para hacer esa precisión nunca antes reconocida, y se limitó a subrayar que la actitud del presidente fue siempre de transparencia.

Una vez que ETA rompió el alto el fuego, añadió, el Gobierno ha reiterado que no ha expectativas de diálogo, lo ha puesto por escrito en su programa electoral, y la efectividad de la lucha contra el terrorismo está a la vista de todos.

Los ciudadanos, dijo, saben que intentó acabar con la violencia mediante el díalgo, "como era su obligación" y como habían hecho sus predecesores, y la única diferencia respecto de situaciones anteriores similares es la falta de respaldo en este caso por parte del principal partido de la oposición.

"Al PP le da lo mismo lo que digamos, porque desde el primer día hasta el último su posición es el no y la descalificación", denunció.

La vicepresidenta reiteró también su convicción de que ANV y PCTV no concurrirán a las elecciones generales del próximo 9 de marzo porque se han puesto en marcha todos los resortes del Estado de Derecho para que así sea.

Una vez autorizada la Abogacía del Estado para iniciar los procedimientos, aseguró que el Gobierno sabe "casi con toda seguridad" lo que decidirán los tribunales porque existe jurisprudencia al respecto.

Insistió en que la decisión se ha tomado por razones de legalidad, "no de oportunidad", una vez analizado el informe de conclusiones de la investigación policial y que incluye pruebas "contundentes" de la vinculación de estas dos formaciones con Batasuna.

No se podría haber hecho antes de analizar ese informe, reiteró, porque el propio Tribunal Constitucional había dejado claro, cuando se impugnaron candidaturas para las últimas municipales que, con los datos disponibles, no había posibilidades de ilegalización.