Sobre todo, en lo que ha definido como la "arquitectura" del sistema competencial, en lo referido a Justicia, y en el derecho y deber de conocer el catalán. Un panorama que le lleva a afirmar: "Creo, sinceramente, que se ha llegado a acuerdos de gran calado. Estoy segura de que el acuerdo será posible".

No obstante, De la Vega admite que quedan asuntos capitales como el concepto de nación o el del sistema de financiación autonómica, en los que el Ejecutivo, aun cuando va a poner toda su voluntad para el acuerdo, tiene claro en qué no va a ceder: "nación" no puede ir en el articulado (1.1) y el sistema de financiación reglado corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la LOFCA.

A partir de ahí, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a negociar a partir del 9 de enero, cuando se retomarán oficialmente los contactos, con un margen que incluye la posibilidad, nunca rechazada, de que el término "nación" vaya en el preámbulo del Estatuto, y que algunos principios generales de financiación se incluyan en el texto.

La 'número dos' del Ejecutivo, que ha comparecido en la última rueda de prensa del año de Consejo de Ministros junto con el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha lamentado que la actitud del PP, de no admitir que el plazo de presentación de enmiendas al Estatut en el Congreso se ampliara desde las 20.00 horas del pasado martes hasta hoy a la misma hora.

Ello hubiera hecho posible que la reunión convocada ayer en Barcelona avanzara en más acuerdos y, posiblemente, se hubiera cerrado el principio de acuerdo político global que ansía el Gobierno.

No ha sido posible, admitió, y es precisamente esa actitud del PP la que hace "muy poco creíble" que ahora presente enmiendas parciales en la tramitación. Unas enmiendas, resaltó, que son de supresión en un 75% y el 25% restante, de modificaciópn, "viene a decir que todo se quede como está", insistió la vicepresidenta.

Según María Teresa Fernández de la Vega, "no se entiende muy bien" que el PP se oponga, por ejemplo, a los derechos y deberes de los catalanes contenidos en el Estatut, y, sin embargo, los apoye en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana.

"Una vez más, los hechos son tozudos", prosiguió. "Y ponen de manifiesto que, en conjunto, hay más deseo (del PP) de obstaculizar que de acuerdo. Es poso creíble y parace más pensado de cara a la galería, a vender imagen que a trabajar".

SOLBES: "NADIE DICE QUE NO TIENE DEFICIT"

Por su parte, Pedro Solbes ha negado que, de hoy al 9 de enero, el Gobierno vaya a hacer una contrapropuesta de financiación autonómica a los cuatro partidos catalanes. Sobre la mesa, dijo, tienen el documento que les entregó él mismo la semana pasada y las enmiendas del Grupo Socialista, "y sobre esa base hay que trabajar".

Eso no quiere decir que no se vayan discutiendo "todos los temas con todo detalle", aclaró. Por ejemplo, ve "márgenes" para avanzar en algunas cuestiones de bilateralidad, pero también ve "límites", en clara alusión a un sistema financiero exclusivo para Cataluña. "Es muy difícil que la bilateralidad sirva como elemento de referencia para lo que tiene que pactarse entre todos".

El vicepresidente económico, que mantiene reservas sobre la conveniencia de hacer públicas las balanzas fiscales regionales, que demostrarían el déficit crónico que sufre Cataluña, como exige ERC, ha ironizado diciendo que "no conozco ninguna comunidad autónoma que no diga que tiene déficit".

A Solbes le parece un porcentaje "muy equilibrado" la cesión del 50% del IRPF a las comunidades autónomas en el próximo sistema de financiación. En enero se pondrá en marcha una comisión que empezará a analizar el futuro sistema.

Y cuando se le ha preguntado si, ahora que el Gobierno afronta una época de superavit (hoy mismo ha revisado sus previsiones macroeconómicas 2005-2006 al alza), va a dedicar más dinero a la financiación autonómica, Pedro Solbes ha dicho que ya lo reciben "automáticamente".

En la medida en que son recaudadoras de IVA minorista, del 30 del IRPF y de una parte de los impuestos especiales, y el incremento de la actividad productiva de los últimos años ha traído consigo un aumento de la recaudación, las autonomías también se benefician.

Además, recordó, ya no tienen que esperar dos años a la liquidación de cuentas del Estado, pero en la Conferencia de Presidentes de septiembre pasado se decidió adelantar el 100% de la recaudación anual correspondiente a cada una de las 17 comunidades.