Fernández de la Vega hizo estas consideraciones en una conferencia que pronunció en el Forum Deusto, en Bilbao, bajo el título "'Vida buena' y ciudadanía plena: una reivindicación de la política".

La vicepresidenta señaló que el pluralismo de la Constitución española de 1978 desautoriza "las apelaciones a concepciones religiosas, morales o visiones del mundo que, siendo ajenas a la razón, pretendan justificar acciones públicas que nos afecten a todos".

Por contra, dijo, "el Estado debe ser, por ello, neutral frente a la diversidad de creencias personales acerca de lo bueno y no puede promover una en perjuicio de las demás".

A su juicio, el Gobierno y todas las fuerzas políticas tienen la obligación de "promover una cultura pública de diálogo, porque el diálogo, la deliberación, es el procedimiento mediante el cual las personas hablan y se escuchan para llegar a decisiones que afectan a todos".

Agregó que, "a lo largo de la legislatura, el Gobierno del que formo parte ha sido fiel a esos principios de una democracia deliberativa", mientras que otros, "por convicción, o más bien por pura estrategia, no lo han visto así y han optado por un permanente enfrentamiento frontal", algo que calificó de "craso error".

"Pero lo más lamentable", subrayó, "es que, en un impúdico ejercicio de exhibicionismo, quienes han estado durante estos cuatro años imposibilitando cualquier intento de entendimiento y de unidad de las fuerzas políticas pretendan ahora erigirse en valedores y adalides de unos consensos que ellos se han encargado sistemáticamente de dinamitar".

En clara referencia a las próximas elecciones generales, De la Vega vaticinó que "serán, finalmente, los ciudadanos quienes juzguen las prácticas y las conductas de cada cual. Valorarán retrospectivamente el valor y utilidad que asignan a cada una y, por tanto, el grado en que las desean alentar o sancionar".

Por otra parte, De la Vega afirmó que la izquierda concibe las instituciones democráticas como "garantía de los derechos ciudadanos, porque a través de las distintas políticas públicas se crean las condiciones para que toda persona, sin distinción, pueda acceder a los bienes que esos derechos garantizan: la salud, la educación, la cultura, el desarrollo personal".

En ese sentido, el Estado "debe construir una red de seguridad que libere a los ciudadanos de la ansiedad y el miedo frente a los riesgos de no poder atender sus necesidades básicas por sus propios medios".

"Creemos que las libertades no se garantizan por sí mismas, sino que precisan la tutela de la ley, precisan que a través de la ley se eliminen las estructuras de dominación que ahogan su ejercicio a muchos ciudadanos", subrayó.