Lo aseguró al ser preguntada, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, por la polémica suscitada después de que la Audiencia Nacional respaldara la petición de la Fiscalía de paralizar las exhumaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón.

Fernández de la Vega expresó el "máximo respeto" del Gobierno a los procedimientos y a los tiempos judiciales, también a la decisión de la Audiencia Nacional.

Se trata, opina el Gobierno, de un asunto que debe ser abordado "con sosiego y con rigor" y serán los propios mecanismos judiciales los que determinen "el fin último de esta iniciativa".

La determinación de la competencia judicial en cuanto al contenido de fondo y en cuanto al ámbito territorial, motivo de la decisión de la Audiencia Nacional, es algo "ordinario" en los procedimientos judiciales, subrayó la vicepresidenta.

Por tanto, el Gobierno respeta ese procedimiento y mientras se resuelve el plano judicial, "sigue trabajando en el ámbito que le corresponde", que es el desarrollo de la ley que aprobó el Parlamento, conocida como de Memoria Histórica.

En este sentido, recordó que la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó varios decretos de desarrollo de esa ley, incluidos los de protocolos específicos para elaborar un mapa de enterramientos y para acometer las exhumaciones.

"Con sosiego y rigor", concluyó, el Gobierno seguirá trabajando por el reconocimiento de quienes fueron víctimas de la guerra civil y de la dictadura.