Durante su estancia en República Dominicana, segundo país de su gira por Iberoamérica, la vicepresidenta participó en un coloquio sobre inmigración en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, en el que estaba también Bernarda Jiménez, la responsable del PSOE para la integración.

Las primeras palabras de Fernández de la Vega fueron para saludar en nombre de todo el Gobierno a los dominicanos que viven en España, a los que agradeció su contribución al crecimiento económico, cultural y social del país.

Explicó que en el objetivo del Gobierno por lograr una inmigración legal y ordenada y en la lucha contra la ilegal, "no es un afán represor el que nos mueve", sino la garantía de derechos. Desde España, aseguró, se trabajará siempre salvaguardando la dignidad de todas las personas y cooperando con los países de origen.

GARANTÍAS

En este sentido, precisó que la Directiva europea de retorno recoge un marco jurídico que antes no existía y "pone límites a posibles arbitrariedades" que, aunque para muchos puedan ser demasiado amplios, aportan garantías a los inmigrantes.

Reconoció que al Gobierno le hubiera gustado que la Directiva "se aproximara más a la normativa española", pero garantizó que su aprobación "no va a alterar en modo alguno nuestra forma de actuar, porque contamos con nuestro propio marco jurídico y ese marco no colisiona en absoluto con lo que la nueva directiva establece".

Horas antes, durante un coloquio con mujeres, la vicepresidenta había afirmado con rotundidad que España "nunca" aplicará esa Directiva porque su legislación es "infinitamente más garantista" con los derechos de los inmigrantes, enviando así un mensaje "de tranquilidad" a todos los países de origen.

España, añadió en esta conferencia, seguirá impulsando en Europa una política de inmigración basada en la colaboración y el diálogo con los países emisores, que garantice los derechos humanos y que cree oportunidades en esos países, fomentando su desarrollo.

Explicó también la intención del Gobierno de reconocer el derecho al voto en las elecciones municipales a los inmigrantes que residan de forma estable en España, algo complicado con los dominicanos porque el principio de reciprocidad requiere una reforma de las normas constitucionales de este país, a pesar de lo cual reiteró la voluntad de buscar fórmulas que permitan su aplicación.

En España residen casi 75.000 dominicanos de forma regular, la mayoría, el 62%, en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. De ellos, más del 83% están en edad laboral, y el 46% del total están afiliados a la Seguridad Social, un porcentaje inferior a la media de extranjeros residentes no comunitarios.

España y República Dominicana suscribieron en 2001 un acuerdo para la regulación y ordenación de flujos migratorios laborales, y en 2004 firmaron un Convenio de Seguridad Social que permite el acceso a prestaciones sociales de los dominicanos residentes en España.

En su intervención, la vicepresidenta subrayó que 192 millones de personas son migrantes, el 3% de la población mundial, por lo que hay que afrontar el fenómeno "con valentía y responsabilidad, con firmeza y solidaridad", para minimizar los efectos negativos y aprovechar los beneficios para ambas partes.

Después de haber experimentado la emigración, subrayó, España es hoy el primer destino de la inmigración de la Unión Europea, y el décimo país del mundo en número de inmigrantes. El objetivo del Gobierno es lograr flujos legales y ordenados, para adecuarlos al mercado laboral y asegurar el bienestar de toda la sociedad.

Para ello, explicó, el Gobierno ha fomentado la contratación en origen y ha mejorado la gestión de entrada y residencia de extranjeros, todo ello de forma concertada entre administraciones, fuerzas políticas y agentes sociales, como se acometió también la regularización de 2004 para "poner orden donde había desorden y legalidad donde había irregularidad".

La vicepresidenta explicó también el plan de retorno voluntario de inmigrantes que el Gobierno aprobará en septiembre ante la especial vulnerabilidad de los inmigrantes por la "nueva coyuntura económica" internacional, y que permitirá volver a su país a quienes pierdan su empleo, percibiendo de forma acumulada y anticipada la prestación por desempleo que tengan reconocida.

El requisito, precisó, es no retornar a España al menos en tres años, y el plan ha sido acogido "con enorme interés" por países como Ecuador, que desea recuperar el capital humano que perdió en momentos más bajos de su economía.