Daba así respuesta a la pregunta del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, sobre la colaboración que está dispuestoa prestar el Gobierno para la identificación de los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil.

Llamazares le dijo a la número dos del Gobierno, en la sesión de control del Congreso, que las familias "tienen derecho a la memoria, a la identificación y a la recuperación de la memoria" y que el Ejecutivo "tiene obligación moral, pero también legal", de cumplir ese mandato.

De la Vega insistió en que el Gobierno está dipuesto a prestar la colaboración que le reclamen los ciudadanos, que está contemplada por la ley y que le solicite la justicia.

En esa línea, aseguró que en la actualidad hay 63 proyectos aprobados para la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas. Asimismo, explicó, se han mejorado pensiones a los respresaliados.

Llamazares aseguró que tiene la impresión de que el Gobierno "se olvida de aplicar la ley que él mismo ha aprobado" y en esa línea aún no ha hecho un mapa de fosas, no ha cumplido con los protocolos científicos para las identificaciones, ni ha desarrollado los procedimientos de autorización para esas exhumaciones.

El portavoz de IU denunció la anuencia del Gobierno en esta materia y le recordó a la vicepresidenta que IU tiene planteadas 30 preguntas sobre recuperación de la memoria histórica que aún no han recibio respuesta, ante lo cual insistió en pedirle que "cumplan la ley, cumplan con la legalidad internacional y con las familias".

De la Vega aseguró a Llamazares que el Gobierno tiene "casi ultimados" ocho reglamentos relativos a la declaración y reconocimiento personal, las indemnizaciones a personas fallecidas o discapacitadas por defender la democracia entre los años 60 y 70, y el reconocimiento de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales y también a los descendientes de españoles exiliados.

Además, el Gobierno también está legislando sobre la reglamentación del Archivo de la Guerra Civil, la elaboración del censo de obras realizadas con trabajos forzados, la retirada de símbolos conmemorativos del fascismo y los protocolos de localización de fosas.

La vicepresidenta reiteró "toda nuestra disposición a la colaboración" con las familias en esta materia, y, pese a que esta cuestión es "muy dolorosa" y "muy sensible para todo el mundo", el Gobierno asume que tiene "la obligación de ayudar a las familias que quieren cerrar sus heridas".