Algunos residentes en a zona han llegado a solicitar el mantenimiento de la protección policial, porque no creen que el hombre que, según la versión oficial de los hechos, se pegó un tiro en la cara el pasado 19 de febrero, cuando fuerzas de la Guardia Civil le tenían rodeado en una casa abandonada del monte, fuese "El Brujo".

Los vecinos apoyan sus temores tanto en el estado en que quedó Dámaso Rodríguez Martín tras el disparo, que le dejó el rostro prácticamente irreconocible, como en la leyenda de brujería que le acompaó a lo largo de toda la vida.

La sicosis se alimenta además en el mes de incertidumbre que vivieron los afectados, mientras decenas de guardias civiles y policías "peinaban" infructuosamente el monte a la búsqueda del delincuente en fuga.

También parecen contar otros componentes derivados de los signos de incultura y de superstición que afectan a algunos de los residentes.

Rodríguez Martín, de 48 años, preso desde 1981 con una condena de varias decenas de años de cárcel por haber asesinado aun joven y violado a su novia, había salido el 17 de enero pasado de la prisión Tenerife II, con un permiso especial.

En lugar de regresar, decidió permanecer en libertad y se escondió en el monte de Las Mercedes, de donde era originario y donde había cometido sus crímenes.

Desde que el 20 de enero le dieron oficialmente por escapado, al no reintegrarse a la cárcel, el vecindario le localizó en varias ocasiones en distintos enclaves del monte.

No obstante, siempre consiguió escapar de las furzas de seguridad que desplegaron en la zona un gran dispositivo de persecución. Todo ello provocó un clima de pánico que llegó a bloquear los cauces de información entre los residentes y la Guardia Civil.

En cuanto a la posible responsabilidad por lo sucedido (las diligencias las instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna), Julio Pérez, gobernador civil de Tenerife, consideró "un error" que Manuel Sánchez, magistrado de vigilancia penitenciaria de Santa Cruz de Tenerife, hubiese concedio a "EL Brujo" un permiso de salida.

El juez replicó, también públicamente, a las acusaciones de la autoridad gubernativa, diciendo que el permiso fue legal y que lo concedió sobre la propuesta de la Junta de Régimen de Prisión y con el visto bueno del ministerio fiscal, que no se opuso a la inciativa.