Por ese motivo, desde hace varios días, comerciantes del barrio, apoyados por la Asociación de Vecinos, por el párroco y el delegado de la empresa donde trabajaba el preso, comenzaron a recoger firmas de solidaridad.

El objetivo es enviar divrsas cartas al presidente de Gobierno, al Tribunal Supremo y a "cuantas altas instancias haga falta, para evitar que persista una situación que consideramos como altamente injusta", según manifestaron representantes de los vecinos.

José Antonio Rodríguez Guerrero, que reside en ese barrio granadino desde que perpetró el delito, hace diez años, en la localidad costera de Motril (Granada), permaneció en libertad provisional mientras los jueces estudiaban su caso.

Durante ese tiempo, el acusado rehio su vida, se casó, tuvo dos hijas y encontró trabajo en la empresa Codelán, donde se han comprometido a reservarle el puesto de trabajo todo el tiempo que sea necesario.

La sentencia, hecha pública el pasado año, le condenó a dos años, cuatro meses y un día de arresto, por lo que le ingresaron de inmediato en prisión.

No obstante, saldría poco tiempo después al solicitar el amparo del Tribunal Supremo argumentando su completa rehabilitación.

Pero hace un mes, el Tribunal Supremo desestimó e recurso, por lo que se produjo el inmediato reingreso en la cárcel de Granada.

El suceso provocó la reaccion unánime del barrio que trata de evitar que Jose Antonio Rodríguez Guerrero pague ahora por un un delito que cometió hace diez años.