Según las citadas organizaciones, en los últimos años los barrios de Legazpi, Chopera y Delicias han sufrido una fuerte transformación por el desarrollo de nuevas zonas residenciales, con un notable incremento de la población y del fenómeno inmigratorio que está transformando antiguos barrios.

Aseguran que en siete años la población del barrio de Legazpi se ha duplicado y la de Delicias ha aumentado notablemente, tendencia creciente que continuará en los próximos años, a su juicio, sin que la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento cumplan con su obligación de crear dotaciones educativas públicas para estas nuevas necesidades de la población.

Según los vecinos de Arganzuela, los dos colegios de titularidad pública de esta zona (Unamuno y Tirso de Molina) están al límite de su capacidad y en el proceso de matrícula para el próximo curso 25 familias del barrio de Legazpi se han quedado sin plaza en la educación pública, a pesar de que el centro de más reciente creación, el Tirso de Molina, ya ha sido ampliado por encima de su capacidad, pasando de 3 grupos por nivel a 5.

Además, aseguran que esta fuerte presión de escolarización se comienza ya a trasladar a la educación secundaria, pese a lo cual "la Comunidad de Madrid se niega a construir un instituto de educación secundaria en la zona de Legazpi, largamente demandado por los vecinos", señalan en un comunicado.

Los vecinos también denuncian el desequilibrio que hay en el distrito entre centros públicos y privados-concertados, la masificación de algunos centros con respecto a su capacidad y las ratios elevadas de alumnos por aula y la falta de inversión en medios materiales y humanos para hacer frente a los cambios que se están produciendo en el entorno educativo.

Los vecinos exigen el respeto a su derecho de optar por la educación pública, creando más plazas en educación infantil y primaria con nuevos centros educativos y construyendo un nuevo instituto de educación secundaria en Legazpi, "además del prometido ya durante años en Méndez Álvaro". También reclaman un "apoyo decidido" por parte de los gobiernos regional y local a la enseñanza pública mediante una mayor dotación de recursos humanos y materiales a los centros educativos del distrito.