Vázquez, tras la creación del Consejo Territorial de la FEMP, indicó que los ayuntamientos fueron los que afrontaron todo el proceso de regularización de los inmigrantes sin previo aviso, y que tuvieron que adoptar medidas urgentes para solventar los efectos de una política de competencia nacional.

El también alcalde socialista de La Coruña dijo que con el fondo de 120 millones de euros aprobado por el Gobierno para solventar lo ocurrido "no les llega para nada", ya que tuvieron que emplear "horas extraordinarias de sus funcionarios" y abrir 24 horas las sedes administrativas para facilitar a los inmigrantes algunos de los documentos requeridos, caso del certificado de empadronamiento.

Agregó que "la gente no está preocupada por si uno es comunidad nacional", sino por las políticas de su ayuntamiento, y denunció que las corporaciones locales, como en este caso de la inmigración, deben asumir competencias que no son suyas. Por ello, reclamó una reunión con el ministro de Economía, Pedro Solbes, para fijar la compensación para los ayuntamientos por las "competencias impropias" asumidas históricamente.

En esta línea, la primera edil de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), manifestó su preocupación porque en muchas ciudades se está generando un clima social tenso tras la regularización de inmigrantes, puesto que los ayuntamientos no cuenta con recursos económicos suficientes para emprender políticas de integración ante esta nueva realidad social.