Se trata de Santiago Foncillas, ex vicepresidente del BCH; Pedro Ballvé y Felipe Benjumea, ex consejeros de la citada entidad bancaria.

Los tres coincidieron en señalar que la salida de Amusátegui y, por lo tanto, el dinero que cobró en concepto de bonus por jubilaión y en compensación por los servicios prestados, fue "consecuencia de la fusión pero no estaba dentro del contrato" por el que se unieron el Banco Santander y el Banco Central Hispano.

Asimismo señalaron que estuvieron presentes en el primer Consejo de Administración del SCH, celebrado el 17 de abril de 1999, en el que se aprobó el pago a Amusátegui por su salida de la entidad bancaria.

Foncillas, Ballvé y Benjumea declararon en relación a la querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín,y su ex co presidente, José María Amusátegui, por pactar presuntamente una elevada gratificación con el fin de compensar a éste úlitmo por su salida de la dirección del banco.

La declaración de estos tres testigos ha venido a corroborar la que ya prestaron el pasado 28 de enero Botín y Amusátegui, quienes negaron que la cantidad cobrada por el ex co presidente tuviera alguna relación con la fusión.

Por su parte, el secretario del Consejo de Administración del Santander Central Hispano, Ignacio Bejumea Cabeza de Vaca, aseguró, el 29 de enero, que los 43,75 millones de euros estaban contabilizados y provisionados desde 1999.

CONTRADICCION

Benjumea manifestó también a la juez que no remitió copia del contrato con Amusátegui al Banco de España, pues no había obligación, si bien añadió que la mencionada entidad estaba al tanto del mismo por su capacidad de supervisión.

Este punto de la declaración de Benjumea fue puesta en entredicho por José María Lamamie de Clairac, inspector del Banco deEspaña que supervisó la fusión entre el Banco Santander y el Banco Central Hispano.

Según este inspector, la máxima autoridad monetaria desconocía la compensación que concedió el banco Santander Central Hispano (SCH) a Amusátegui por su salida del banco.

La juez aún tiene que tomar declaración a varios testigos, si bien no se ha fijado aún la fecha. Se trata de Gonzalo Hinojosa, José Manuel Arburúa, Harry P. Kamen y Axel von Ruedorffer.

LA QUERELLA

La querella presentada contra Botín y Amuátegui fue admitida a trámite el pasado 5 de noviembre por Teresa Palacios, quien apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría contra los intereses de los accionistas.

Fue presentada por el accionista Juan Francisco Franco Otegui y se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a lajubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".