Según Millán, en estos momentos hay del orden de veinte o treinta empresas españolas y unas quince extranjeras cerrando acuerdos con ayuntamientos para tender la red de cable y empezar a funcionar en cuanto sea posible.

Se trata de 'joint ventures' con grupos estadounidenses, canadienses, israelíes, franceses, ingleses, alemanes, colombianos y argentinos, principalmente. La mayor parte de estos proyectos cuentan con inversiones de entre 2.000 y 15.000 millones de peseas.

Aunque no se conozcan todavía los términos de la Ley de Televisión por Cable, los inversores extranjeros ya están decididos a iniciar sus proyectos, ya que quienes estén funcionando en el momento de su aprobación tendrán derechos adquiridos.

"La fecha en que se apruebe la ley no la puede saber nadie, en todo caso Borrell y Solbes", señaló Millán, "pero yo creo que lo más probable es que la presenten el verano de 1995 y, con el trámite parlamentario, esté en la calle para finales de año".

Aparte de los dos proyectos presentados por US West y Time Warner en el País Vasco y Cataluña (éste último, firmado el miércoles, prevé una inversión de 700.000 millones), existen muchos grupos mixtos, integrados por grandes empresas de fuera de España y compañías nacionales, que se están preparando ya para que la aprobación de la ley les encuentre en pleno funcionamiento.

De esta forma, quienes comiencen ya sus proyectos de televisión tienen la posibilidad de entrar en una actividad completamente legl, ya que el TC la respalda, sin necesidad de acceder a una concesión, y al mismo tiempo están haciendo méritos para ser adjudicatarios en un futuro, cuando se hagan las concesiones.

De momento, existen en España alrededor de 120 emisoras de televisión por cable (cifra que se eleva a cerca de 400 si se incluyen en esta categoría los vídeos comunitarios), la mayor parte de ellas con un presupuesto ajustado, que han empezado a funcionar tímidamente a pesar del vacío legal.

Hasta ahora, el principalpeligro era que en cualquier momento les llegase desde un Gobierno Civil una orden de cierre, ante la que estaban indefensos, ya que carecían de licencia de apertura. Lo que ocurre, y así lo ha considerado el TC en recientes sentencias, es que existe un vacío legal: no podían tener licencia porque no hay ninguna regulación para concederlas.

Los trámites burocráticos y las instancias por las que había que pasar antes de llegar a la resolución del TC, que algunas veces llevaban más de cinco años de "papleo", desanimaban a muchos posibles inversores; pero el reconocimiento del Alto Tribunal les ha devuelto la confianza y los proyectos empezarán a caer en cascada en los próximos meses.