En su argumentación, señalan que vigilantes de la empresa de sguridad privada Prosegur, "siguiendo instrucciones recibidas, durante el último trimestre de 1998, vigilaban a los trabajadores, interfiriendo en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, sobre todo de los miembros del comité de empresa".

Agregan que, para ello, "se llegó a utilizar cámaras ocultas y grabaciones de vídeo, e incluso se efectuaron fichas del personal, auténticas bases de datos, sin ningún control sobre ellas de los interesados y que, según parece, eran puestas a disposición del srvicio de información de la Guardia Civil".

Los grupos firmantes de la proposición no de ley consideran estos hechos "gravísimos y propios de tiempos pretéritos".

La proposición insta también al Gobierno a que se comprometa a cumplir con la obligación que impone al Ministro del Interior el artículo 2 de la Ley de Seguridad Privada, e informe anualmente a las Cortes Generales del funcionamiento del sector.