Así lo expresaron los cuatro agentes de la Benemérita que declararon hoy en el juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra 27dirigentes de estas organizaciones de apoyo a los presos etarras, unos acusados para los que la Fiscalía pide 10 años de cárcel por un delito de integración en ETA.

El primero en testificar fue el agente que tomó declaración, en octubre de 2002, a Ibon Aranalde Ijurco, hermano de la etarra Maite Aranalde Ijurco y condenado a dos años de cárcel por participar en actos de violencia callejera o "kale borroka".

Este agente relató como fue Aranalde el primero que informó de que Askatasuna había sustituido a Gestoras Pro Amnistía como su "continuación" y asumiendo sus funciones, es decir, su labor de "coordinar el movimiento de presos".

Aranalde también indicó que Askatasuna se organizaba, al igual que su antecesora Gestoras, en cuatro niveles: el "talde" a nivel local, el "herrialde" en las comarcas, el "euskalde" para cada provincia, y una dirección general para toda "Euskal Herria".

Como señaló el segundo agente en comparecer ante el tribunal, quien también había estado presente en la declaracion de Aranalde tras su detención, el detenido les informó de que el máximo responsable de Askatasuna en Guipúzcoa era el acusado en esta causa Sabin Juaristi.

La declaración policial de Aranalde también sirvió para conocer que la sede general de Askatasuna se encontraba en Hernani (Guipúzcoa), en el mismo edificio en el que anteriormente estaban los cuarteles generales de Gestoras Pro Amnístia.

RIFAS, SORTEOS Y HUCHAS

Los dos otros guardias civiles que testificaron hoy fueron los que, en enero de 2002, tomaron declaración tras su arresto a Susana Achaerandio Alesanco, condenada por colaborar con ETA. Tras su detención, la Guardia Civil encontró en su domicilio documentación de Gestoras Pro Amnistía.

Según relataron estos agentes, Achaerandio explicó que los documentos de Gestoras encontrados en su domicilio se los había entregado la acusada en esta causa Maite Díaz de Heredia, de quien era amiga, y señaló que se le los había dado para que los guardara ante el temor de que fueron intervenidos por la policía.

En estos documentos, según explicaron los agentes, aparecían anotaciones financieras, en concreto registros decuentas y facturas.

Los guardias civiles dijeron que el análisis de estos documentos llegaron a la conclusión de que Gestoras no figuraba mercantilmente como persona jurídica sino que había varias personas que eran titulares de las cuentas "en las que domiciliaban pagos y hacían ingresos".

Achaerandio también explicó que Díaz de Heredia era la responsable de Gestoras Pro Amnístia para todo Álava, mientras que el acusado Iker Zubía era dirigente en Vitoria de esta organización.

La arrestada también informó de que Gestoras y Askatasuna se financiaban a través de las rifas y sorteos que se celebraban en las fiesta así como a través de huchas colocadas en los bares de ideología abertzale que hay repartidos por Euskadi.

Pero Achaerandio, que trabajaba en uno de estos bares en Vitoria, también señaló que los ingresos de este establecimiento se ingresaban directamente en una cuenta de la que desconocía el titular, pero dijo que, si "había algún problema", siempre acudían a Díaz de Heredia para solucionarlo.

Después de que Achaerandio y Aranalde aseguraran ayer lunes en su comparecencia ante el tribunal que habían hecho todo estas afirmaciones bajo torturas y amenazas, los agentes que testificaron hoy afirmaron que las declaraciones de estas dos personas fueron "espontáneas", que se produjeron ante la presencia de un letrado y tras informarles de sus derechos.

Tras la intervención de estos guardias civiles, que duró cerca de 20 minutos en total, la presidenta del Tribunal, la jueza Teresa Palacios, dio por concluida la sesión de hoy a pesar de que, en un principio, estaba previsto que cada jornada de juicio se extendiese hasta las 19.00 horas.