Entre las propuestas más destacadas se encuentran el apoyo la efectiva integración social del infractor, la participación en política criminal de presos, asociaciones de familiares y ONG, y una política crimial tendente a que haya el menor número de presos posibles.

Asimismo, proponen actuaciones investigadoras de oficio en el orden administrativo y penal, en cuanto se perciba el menor atisbo de vulneración de garantías para las personas detenidas o encarceladas, incluir cláusulas atenuante para evitar penas claramente desproporcionadas en algunos delitos (menudeo de droga) y el excarcelamiento de las personas con enfermedades graves.

Algunas de las organizaciones que presentarán este documento sn la Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), Cáritas Española, Asociacion Pro-Derechos Humanos de España, Asociación Apoyo, Coordinadora de Barrios y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace, entre otras.