Para las organizaciones conservacionistas, la sentencia que absuelve a los representantes de la compañía propietaria, Hifrensa, y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), demuestra que "existe un doble rasero en la aplicación de la justicia".

Ladislao Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción, declaró a Servimedia que "los tribunales son mucho más permisivos cuando juzgan a los infractores y a quienes atetan contra el medio ambiente y la salud pública que cuando juzgan a los ecologistas que protestan contra estos atentados".

Martínez señaló que "da la impresión de que en este país no se puede sancionar nada que tenga relación con la energía nuclear. Ocurrió con el caso Acerinox y ocurre ahora con Vandellós I". A su juicio, la sentencia confirma que "la protección de la salud y del medio ambiente no tienen la suficiente protección jurídica".

Tanto Ladislao Martínez como Carlos Bravo, portavoz de Geenpeace, coincidieron en denunciar la postura del CSN, organismo al que acusaron de actuar en beneficio de los intereses de la compañía propietaria de la central.

Carlos Bravo señaló que "el CSN no hizo uso de la potestad que tenía de cerrar la central nuclear antes de que se produjera el incendio cuando constató que la instalación no cumplía las medidas preventivas de seguridad que se le exigían, por lo que incurrió en un caso claro de dejación de funciones".

Sin embargo, el portavoz de Greenpece hizo una lectura positiva del proceso judicial, ya que señaló que el proceso ha demostrado que la energía nuclear no reúne suficientes garantías de seguridad y supone un peligro para la población y el medio ambiente.

Bravo se preguntó si es necesario que ocurra una catástrofe ambiental "incontrolada" para que los responsables sean condenados por los tribunales.