La Generalitat suspendió las funciones de Urbanismo del municipio alicantino tras detectar la construcción supuestamente ilegal de viviendas en suelo protegido del Parque Natural de El Hondo.

De igual modo, los servicios jurídicos municipales estudian agregar una querella por posible prevaricación contra el consejero del ramo, Esteban González Pons, por anunciar la decisión de suspender las competencias urbanísticas del municipio alicantino un día antes de que el PSOE presentara una moción de censura contra el presidente valenciano, Francisco Camps, con el fin de desviar la atención informativa.

El alcalde de Catral (5.100 habitantes), José Manuel Rodríguez, manifestó hoy a Servimedia que "mis abogados me dicen que posiblemente exista prevaricación del señor conseller. Estamos preparando la alegación y documentándola bien porque el acto no se ajusta a derecho de ninguna manera y eso lleva un tufillo de oportunidad política escandaloso".

A su juicio, la intervención de Territorio valenciano, que tuvo lugar el pasado día 6 de octubre, "se podía haber hecho hace un año, año y medio, dos años ¿por qué no lo hicieron y ahora sí?", preguntó.

El alcalde alicantino explicó a Servimedia que lejos de las cifras aportadas por la Generalitat -que señala varios centenares de viviendas supuestamente ilegales construidas en suelo protegido-, que afecten al Parque Natural de El Hondo "sólo se han hecho entre 8 y diez viviendas ilegales, nada más, en los casi dos millones de metros cuadrados (del parque) y de los 500 metros de protección que afecta a nuestro municipio".

Agregó que estas viviendas se levantaron "bajo la responsabilidad de los propietarios" a quienes, aseguró, el Ayuntamiento que dirige "advirtió en su momento". De hecho, el Consistorio de Catral abrió en su día los correspondientes expedientes de infracción a todas las viviendas ilegales, "pero como ahora las competencias las han asumido ellos no sé lo que harán", apuntó.

MUNICIPIOS DEL PP

Rodríguez reiteró que lo que ha ocurrido en Catral "es una maniobra política para tapar el tema de la moción de censura y por supuesto los casos de corrupción que tiene el PP en la Vega Baja, en Orihuela (más de 8.000), Dolores (más de 500), Almoradí, Callosa o Torrevieja, viviendas ilegales por carecer de licencia urbanística".

Preguntado, por comparación, con el caso del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid), cuyo alcalde ha dimitido por un supuesto escándalo urbanístico, Rodríguez aseveró: "Una cosa es que yo apruebe una recalificación de un millón, o de dos, metros cuadrados y se pegue un pelotazo y otra es lo que se ha hecho aquí (en Catral)".

"Porque aquí", agregó, "han sido los mismos agricultores los que han hecho casas. Aquí han sido pequeños promotores del pueblo y alrededores, los mismos agricultores. ¿Que no se debía haber hecho? Sí, pero, ¿de qué comemos aquí?", cuando la agricultura, por falta de regadío, y la industria del calzado están en crisis desde hace años, concluyó.