A pesar de que el fiscal pidió que ambos fueran condenados a una pena de siete meses y medio de prisión y a dos años de alejamiento, los acusados sólo han sido sentenciados a doce días de localización permanente, así como a no verse ni comunicarse en un plazo de seis meses.

Otra de las razones que declaró el magistrado a favor de los implicados es que las sentencias por agresiones en el ámbito familiar deben diferenciarse de las establecidas por violencia de género, ya que son delitos que no comparten el mismo nivel de gravedad.