En concreto, se pretende que se derogue el artículo 51.2 de este Real Decreto que obliga a las Juntas Arbitrales Territoriales de Consumo a la utilización obligatoria de la aplicación electrónica habilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumopara el Sistema Arbitral de Consumo.

Según el Gobierno valenciano, se produce un conflicto de competencias por lo que el Consell ha acordado requerir la incompetencia al Gobierno de España. De esta forma, se pretende que se derogue este artículo "por no respetar el orden constitucional y estatutario".

La Generalitat explica en su acuerdo que no niega la capacidad del Estado para regular este sistema de arbitraje, únicamente cuestiona su competencia para regular "de una forma tan pormenorizada" el procedimiento concreto del "arbitraje de consumo electrónico", que este artículo prevé que "se sustanciará a través de la aplicación electrónica habilitada por el Ministerio".

Asimismo, la Generalitat recuerda que, en el ámbito de sus competencias estatutarias de autogobierno contenidas en el artículo 49.1.1 del Estatuto de Autonomía, ha venido regulando la organización de la función informática, la utilización de los sistemas de información y Registro, creación del Registro Telemático o utilización de firma electrónica, entre otras materias.

Además, agrega, ya dispone de la herramienta "Arbitraje Virtual de Consumo", que permite el desarrollo de todo el procedimiento arbitral de consumo por medios telemáticos. El sistema establecido cuenta con todas las garantías de seguridad y autenticidad necesarias, resultando igual de válido jurídicamente que el proceso escrito convencional, afirma.