Otros compromisos adquiridos por el Parlamento valenciano fueron la elaboración de un proyecto de ley autonómica que regule la gestión y explotación de las líneas de ferrocarriles de la Generalitat y una proposición de ley para su trámite ante el Congreso que regule los criterios de seguridad en los ferrocarriles de competencia estatal.

La Comisión de Investigación del Accidente, creada días después por Les Corts a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, concluyó que el accidente "no era ni previsible ni evitable".

Sin embargo, según los informes periciales, el accidente podría haberse evitado programando correctamente las balizas instaladas en la zona y adaptando los sistemas de seguridad ATP de las otras líneas a la 1, según destacan los familiares de las conclusiones de aquella comisión de investigación.

Según informó la AVM3J, existe una responsabilidad directa de los gestores de FGV (Ferrocarriles de la Generalitat) porque eran "conocedores de la existencia de deficiencias en el sistema", denunciadas por sindicatos y los propios usuarios. Por ello, piden la dimisión de su gerente, Marisa Gracia.

Asimismo, la AVM3M pide que se realice una auditoria independiente de la gestión económica y administrativa de FGV desde el año 1996, ya que según el Informe de Fiscalización de 2004 relativo a empresas públicas y otros entes, se han incumplido los compromisos presupuestarios del Consell con FGV.

La asociación enviará una propuesta de moción a todos los municipios de la Línea 1 del metro de Valencia y aquellos en los que hubo víctimas del accidente de metro acaecido el 3 de julio de 2006.