Según esta ley, a la Consejería de Medio Ambiente le corresponderá la protección y catalogación del patrimonio arbóreo situado en terreno forestal. Los ayuntamientos serán los competentes para proteger y proponer la catalogación de los árboles de toda especie que se encuentren en terreno forestal y no forestal.

Se declararán protegidos genéricamente, sin necesidad de resolución singularizada, los ejemplares de cualquier especie arbórea existente en la comunidad que igualen o superen uno o más de los siguientes parámetros: 400 años de edad, 30 metros de altura, 6 metros de perímetro de tronco y 25 metros de diámetro mayor de copa.

Quedará prohibido con carácter general dañar, mutilar, deteriorar, arrancar o dar muerte de los árboles protegidos, así como modificar física o químicamente el entorno de modo que se produzcan daños a los ejemplares. Así como el arranque, transplante y la tenencia de ejemplares arrancados, el comercio y todo tipo de transacción con ellos.

La realización de cualquiera de estas actividades supondrá la imposición de sanciones que irán desde 18.000 a 500.000 euros dependiendo de la gravedad de las infracciones.