Dichas medidas se aplicarán tanto a las entidades autorizadas para la distribución de medicamentos, como a oficinas de farmacia legalmente autorizadas, según informó el Consell.

Así, los almacenes de distribución de medicamentos deberán disponer de unas existencias mínimas que garanticen la adecuada continuidad del abastecimiento de los servicios y establecimientos a los que provean habitualmente.

Con el fin de asegurar el abastecimiento continuado de medicamentos en las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos, la Consejería de Sanidad podrá organizar turnos de guardia entre los almacenes de distribución de medicamentos legalmente autorizados.

Asimismo, para evitar problemas graves de suministro o situaciones de desabastecimiento, Sanidad podrá declarar la situación de "falta de suministro" de uno o más medicamentos cuando los problemas se extiendan a uno o más Departamentos de Salud.

La ley prevé un régimen sancionador, que califica las infracciones como leves, graves y muy graves. Para determinar el grado de éstas, se deberá tener en cuenta los riesgos que la conducta ilícita haya tenido para la salud de las personas afectadas, la cuantía eventual del beneficio obtenido y el grado de intencionalidad en la comisión de la conducta tipificada.

Además, la gravedad de la alteración sanitaria y social que se pudiera producir y la generalización de la infracción y reincidencia en la comisión de los ilícitos, son aspectos que también se tendrán en cuenta.

Las infracciones leves se castigarán con multa de 1.000 a 3.000 euros; las graves, conuna sanción de 3.001 a 30.000 euros, y las muy graves, con un pago que oscilará entre los 30.001 y 1.000.000 euros.