En un escrito dirigido a este Ministerio, el Gobierno valenciano considera, además, que algunas de las medidas del Gobierno central pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional al entrar en conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los principales motivos de posible inconstitucionalidad esgrimidas por la Generalitat son las disposiciones relativas al régimen jurídico de las viviendas con protección pública que suponen una injerencia en la competencia exclusiva en materia de vivienda que tienen atribuidas las comunidades autónomas. El régimen jurídico establece cuestiones tales como la duración de la calificación de las viviendas o el establecimiento y desarrollo de registros.

Como ejemplo, el Consell ya considera en la Ley de la Vivienda, aprobada en esta legislatura, como suficiente la calificación de 30 años como vivienda protegida para evitar cualquier especulación frente a la propuesta de toda la vida útil de la vivienda que pretende el Ministerio.

Territorio y Vivienda valenciano rechaza, por tanto, la vinculación de la financiación a la regulación del régimen de las viviendas protegidas con extensión del mismo a toda la vida útil de la vivienda.

Asimismo lamenta que en las actuaciones de financiación de suelo se excluyan las viviendas protegidas de régimen autonómico por la cuestión de la duración de la calificación. Por lo tanto, el Consell aboga por llegar a un acuerdo común de plazos asumido por todas las comunidades autónomas aunque sin vincularlo a la financiación de actuaciones.

La Consejería valenciana también critica la obligatoriedad de precio por segunda transmisión para vivienda usada durante vida útil de la vivienda.

ARRENDAMIENTOS

Las alegaciones de la Generalitat también solicitan ampliar el plazo para la percepción de ayudas al arrendatario durante todo el tiempo que dure la situación de precariedad económica o al menos durante los cinco años que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Por otro lado, en el escrito se insta a que sean las comunidades autónomas las que regulen las medidas necesarias contra el fraude en las viviendas protegidas -recogida ya en la Ley de la Vivienda aprobada por el Consell- y en su caso la puesta en marcha de Registros Públicos de Demandantes y Oferentes u otros mecanismos como el establecimiento de los derechos de tanteo y retracto y el refuerzo de las labores inspectoras.

En este sentido, Territorio y Vivienda rechaza la imposición obligatoria del Registro de Demandantes al ser motivo también de inconstitucionalidad por invadir competencias normativas de la comunidad autónoma y por no ser el único instrumento eficaz acreditado de lucha contra el fraude. También se propone la inclusión de ayudas para otro tipo de medidas tanto para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto como para la ampliación de los servicios de inspección.

También insta a la ministra Trujillo al mantenimiento de los alojamientos protegidos para mayores de 65 años, personas discapacitadas, así como para otros colectivos sociales desfavorecidos, con ayudas específicas. Asimismo se entiende que el Ministerio debería mantener las ayudas que el plan en vigor otorga a la rehabilitación de edificios y viviendas asiladas sin limitarlas a lo que establece el borrador.