"El trasvase del Ebro es la única solución técnica, ambiental y económicamente viable para solucionar el déficit hídrico del Arco Mediterráneo, y ha sido derogado tan sólo por motivos políticos", indicó Cerdá, quien añadió que "tendrá que ser una realidad en el futuro para solucionar los problemas de déficit hídrico de las cuencas del Mediterráneo", algo que sucederá "cuando haya un Gobierno que mire por el interés general y no se someta al chantaje de pequeños grupos que no creen en España y miran hacia otras fronteras".

García Antón y Antonio Cerdá hicieron estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron para analizar las consecuencias que la modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) tiene en ambas comunidades autónomas.

Los dos consejeros criticaron "el servilismo y el peaje político que ha pagado el Gobierno socialista a los independentistas catalanes", como ha quedado demostrado esta semana en la votación del Congreso de los Diputados y en las actas de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, en donde los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña reconocen que Rodríguez Zapatero cumplió el ultimátum de esta formación para paralizar el trasvase.

En este sentido, García Antón denunció que "mientras esta modificación supone para los valencianos más trampas y freno al desarrollo, ha dado más privilegios a Cataluña y ha mantenido todos los que tenía Aragón".

El consejero valenciano reconoció que en Cataluña ha desaparecido el minitrasvase a Barcelona y otras actuaciones del programa AGUA para las cuencas internas de Cataluña, tal y como querían los socios del tripartito, aunque, aseguró, las actuaciones que las van a sustituir serán decididas y ejecutadas por la Generalitat catalana y tendrán la máxima financiación europea posible, algo que garantizará el Gobierno central mediante un convenio con el catalán.

Tanto García Antón, como Cerdá acusaron a los socialistas valencianos y murcianos de servilismo hacia el Gobierno central y les pidieron que analicen las alternativas que les intentan vender.

El consejero valenciano de Infraestructuras aseguró además que desde el Gobierno central "toman el pelo a los valencianos", ya que incluyen nuevas actuaciones en el anexo del programa AGUA cuando ya están acometidas, algo que ocurre, por ejemplo, con la ampliación de la capacidad de la depuradora de Sueca, inaugurada por el Estado el 23 de noviembre de 2003.

Lo mismo sucede, a juicio de García Antón, con la reutilización de la EDAR de Ontinyent, licitada en 2004 y cuyas obras se iniciarán este año o con el encauzamiento del barrando de Juan Mora, incluido en el Plan de Emergencia Contra Inundaciones en el Sur de Castellón y Norte de Valencia, actuación aprobada por el Consell en otoño y que, actualmente, se encuentra en ejecución.

Los responsables de Agua de Murcia y Valencia aseguraron que ambas comunidades seguirán trabajando juntas en la defensa de sus intereses comunes, igual que han hecho hasta ahora en cuestiones como los recursos de inconstitucionalidad, las concesiones para hacer la obra o las enmiendas a las alternativas al PHN. Además, dicen, velarán por el seguimiento de los 1.200 millones de euros que la Unión Europea iba a destinar para la ejecución del trasvase del Ebro.