El vicepresidente segundo y consejero madrileño de Justicia, Alfredo Prada, y el consejero valenciano de Justicia, Fernando de Rosa, presentaron hoy en Madrid un manifiesto conjunto de 13 puntos con propuestas para desarrollar en el conjunto del Estado, y que esta tarde harán llegar al titular estatal de Justicia.

Dos comunidades, como subrayaron ambos consejeros, que representan a casi una cuarta parte de la población española (11 millones de habitantes) y que denuncian que el aumento de sus respectivas poblaciones les impide afrontar con éxito la cada vez mayor cantidad de litigios que acumulan sus juzgados.

"Estamos muy preocupados", dijo Prada en la rueda de prensa conjunta, "con la gravísima situación de la Justicia", cuyo estancamiento, subrayó, ha generado "alarma social" en las últimas semanas debido a algunos casos de incumplimiento de sentencias o pérdida de expedientes.

Las dos comunidad autónomas, ambas gobernada por el PP, proponen soluciones ante la "inactividad de Bermejo", según De Rosa, como que aumente la planta judicial actual en todas las comunidades que tengan transferidas las competencias.

También piden una ley orgánica de modernización de la administración de Justicia con el fin de introducir las nuevas tecnologías, como el correo electrónico o las firmas digitales, "y que desaparezca el papel", según el consejero valenciano, quien anunció la creación de una comisión técnica entre las dos comunidades para estudiar la interconexión de sus respectivos sistema informáticos judiciales.

Reclaman igualmente aplicaciones informáticas en la ejecución penal de sentencias; una nueva ley de registro civil, de tal modo que, por ejemplo, cuando nazca un bebé su registro pueda realizarse desde el mismo hospital; o que se pongan en marcha la oficina judicial.

Hasta 13 propuestas o peticiones de un manifiesto que incluye más competencia a las comunidades en materia de personal para afrontar la "alta tasa de interinidad actual en los juzgados" y mayor colaboración entre las partes para evitar las desigualdades salariales entre comunidades.

Más secretarios judiciales para agilizar procedimientos, que el dinero que el Estado recauda en concepto de tasas judiciales así como los intereses de depósitos judiciales se lo queden las comunidades autónomas y que las comunidades amplíen sus competencias para decidir sobre dónde, cuándo y como abrir un nuevo juzgado son también otras reivindicaciones conjuntas.

A ello se suma una ley de territorialización de los juzgados de violencia de género y, en conclusión, un "gran pacto de Estado", en palabras de Prada, para promover una efectiva modernización de la Justicia.