El Gobierno valenciano se ha visto obligado a la declaración de una ejecución subsidiaria de limpieza de estos residuos, después de que INTAL, condenada a la retirada de los vertidos por un juzgado de Castellón, suspendiera estos trabajos el pasado mes de julio.

Castellá, que asistió hoy en Almassora al inicio de la retirada de los ertidos, afirmó que se va a solicitar una fianza para que el importe de la operación no sea soportado sólo por la administración, sino también, y en gran parte, por los causantes de los vertidos.

La consejería espera retirar en 3 ó 4 meses entre 16.000 y 18.000 toneladas de residuos, que serán depositados en un vertedero de seguridad de Barcelona.

Castellá afirmó que no permitirá ni tolerará los vertidos incontrolados en la Comunidad Valenciana. "Se va a ser riguroso en la aplicación de la legislción vigente, sobre todo ahora que disponemos del Plan Integral de Residuos, que es el instrumento adecuado para poner orden al problema de los residuos en nuestra comunidad".