Sanus dijo que el Proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público propuesto por el Gobierno Central "deja sin contenido a la función pública española ya que no va a ser de aplicación a todas las comunidades autónomas".

Explicó que este es el motivo por el que la semana pasada Valencia abandonó las negociaciones del futuro texto, al igual que los representantes de Madrid, Castilla-León, Murcia, Baleares, La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, quienes proponen retomar el Anteproyecto de Estatuto Básico de Función Pública, negociado y acordado en el año 1999, ampliamente consensuado e informado favorablemente por el Consejo de Estado.

"La consecuencia inmediata del modelo que propone el Ministerio de Administraciones Públicas será la existencia de 19 funciones públicas independientes, tantas como comunidades autónomas, introduciendo diferentes retribuciones para los empleados públicos, dificultando la movilidad entre las distintas Administraciones, y produciendo un deterioro efectivo de los servicios públicos", concluyó.