"El Gobierno distingue así entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De primera en comunidades autónomas como Cataluña, que van a percibir más inversión pública estatal simplemente porque tienen un crecimiento mayor que en otras comunidades; y ciudadanos de segunda en comunidades como la valenciana, en la que recibiremos menos simplemente porque lo decide de manera injusta el Gobierno de España", dijo.

"Esa decisión", agregó, "por la que unas comunidades en función de su participación en el crecimiento económico pueden exigir un determinado nivel de inversión pública estatal en infraestructuras, quiebra claramente la solidaridad entre los territorios".

"Ya no existe esa solidaridad por la que un territorio recibe menos de lo que crece o de la población que tiene para que otro territorio pueda crecer más o atender mejor sus servicios sociales", indicó Camps.

El conseller valenciano adelantó que mañana, en el marco de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, trasladará al vicepresidente Pedro Solbes la siguiente cuestión: "¿Van a recibir también las comunidades de Valencia o Madrid una inversión pública estatal en los Presupuestos del Estado para 2007 en relación con su participación en el porcentaje del PIB nacional".